La caza menor en Entre Ríos volvió a quedar en el centro de una fuerte controversia política, ambiental y social luego de que el Gobierno provincial habilitara oficialmente la temporada cinegética desde el 8 de mayo hasta el 23 de agosto. La decisión reactivó el histórico enfrentamiento entre los sectores vinculados al turismo de caza y las organizaciones ambientalistas, que denuncian una “matanza indiscriminada” de fauna autóctona.
La discusión se intensificó durante los últimos días tras las declaraciones públicas del ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, quien salió a defender la autorización oficial y aseguró que la actividad se encuentra avalada por la Constitución, la legislación vigente y estudios científicos realizados sobre las especies habilitadas.
La respuesta más contundente llegó desde el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), cuyo referente, Gabriel Bonomi, cuestionó con dureza la postura del funcionario provincial y acusó al Gobierno entrerriano de promover un negocio privado que “atenta contra el patrimonio natural y cultural de los entrerrianos”.
La resolución provincial autorizó la caza de cinco especies de aves autóctonas: sirirí pampa, pato cutirí, pato de collar, pato picazo e inambú, además de la liebre europea, considerada especie exótica. Para los sectores proteccionistas, el problema central radica en que se trata de animales silvestres que no representan plagas ni generan daños productivos.
“Estamos hablando de aves autóctonas. Esto es importante decirlo. No son especies exóticas, no son especies perjudiciales para los cultivos y no existe ninguna excusa salvo el negocio y el dinero”, sostuvo Bonomi durante una entrevista con el noticiero “Entre Ríos Entre Noticias” de la Asociación Entrerriana de Televisión (AET).
Gabriel Bonomi de Ceydas.
El ambientalista aseguró que la habilitación busca favorecer a empresas privadas vinculadas al turismo cinegético internacional. “Esta matanza autorizada por tres meses busca favorecer el turismo de caza gestionado por cotos o empresas que traen cazadores extranjeros a Entre Ríos para matar animales autóctonos”, denunció.
En uno de los tramos más duros de sus declaraciones, Bonomi cuestionó personalmente la defensa pública realizada por el ministro Bernaudo. “He escuchado las noticias claramente. El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, se inmoló, no salió a defender realmente. Es un poco vergonzoso como entrerriano ver que un ministro salga a defender un negocio privado”, expresó.
Según sostuvo, el Gobierno provincial viene impulsando el turismo de caza desde el inicio de la actual gestión. “Sospechosamente el Gobierno de Entre Ríos viene apoyando y promoviendo este negocio desde hace bastante tiempo”, afirmó.
Además, recordó que existen antecedentes judiciales contra este tipo de habilitaciones y remarcó que años anteriores la actividad ya fue objeto de demandas judiciales. “Hay antecedentes judiciales muy negativos hacia esta actividad, que la consideraron inconstitucional y violatoria de tratados internacionales”, señaló.
En respuesta a las críticas, Bernaudo defendió la continuidad de la temporada de caza menor y sostuvo que la provincia actúa bajo criterios técnicos y legales. “No podemos prohibir lo que está permitido”, afirmó el funcionario.
El ministro remarcó que la actividad cinegética se encuentra habilitada por la legislación argentina y aseguró que antes de autorizar la temporada se realizan estudios poblacionales sobre las especies involucradas. “La caza menor es una actividad que está autorizada por la Constitución, está autorizada por ley y se hace con mucha prudencia, con mucha fundamentación científica”, explicó.
Asimismo, indicó que en los relevamientos participan técnicos provinciales y especialistas de distintas universidades. “Se releva la presencia de las especies para ver si hay algún daño que se haya producido. No son especies que estén en peligro de extinción ni mucho menos; son especies migratorias que van desde Estados Unidos hasta acá”, afirmó.
El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo.
Bernaudo también respondió a quienes sostienen que la actividad beneficia únicamente a un pequeño grupo empresarial. Según explicó, el turismo cinegético genera un importante movimiento económico en distintas regiones de la provincia. “Genera empleo. Alrededor de todo esto hay una hotelería muy cara; son turistas que vienen y pagan mucho dinero”, aseguró.
El funcionario comparó el movimiento económico de la caza deportiva con otros eventos turísticos impulsados por la provincia. “Como todas las cosas que hacemos para el turismo, desde las fiestas locales hasta las grandes fiestas o las carreras de autos, hay derrame económico. Está la gente que limpia, la que cocina, la venta de productos. Es como todo el turismo”, expresó.
Las declaraciones del ministro profundizaron el rechazo de organizaciones ambientalistas y proteccionistas. Para Bonomi, el argumento económico no alcanza para justificar la autorización de la actividad. “Esto es una burda matanza por diversión. Autorizan a extranjeros a que cometan una matanza por diversión, no hay otra explicación”, sostuvo en diálogo con el noticiero “Entre Ríos Entre Noticias” de la Asociación Entrerriana de Televisión (AET).
El referente de CEYDAS insistió en que el perfil económico de quienes participan de estas excursiones demuestra que el negocio está orientado casi exclusivamente a extranjeros. “Esto no es para cazadores nacionales por los costos elevados que implica una excursión de caza. Son empresas de turismo cinegético que traen cazadores extranjeros”, aseguró.
Según explicó, muchos visitantes llegan desde países donde las regulaciones ambientales son más estrictas. “Entre Ríos le está abriendo las puertas a cazadores extranjeros que vienen a hacer lo que en sus países está muy restringido o directamente prohibido”, manifestó.
Otro de los puntos más cuestionados por CEYDAS fue la supuesta falta de controles efectivos sobre la actividad. Bonomi aseguró que la provincia carece de recursos materiales y humanos suficientes para fiscalizar las excursiones de caza. “El ministro habló de controles, pero no existe ninguna capacidad en absoluto para controlar esta actividad”, afirmó.
En ese sentido, explicó que muchos de los operativos se realizan en campos privados y riachos de difícil acceso. “Es muy difícil llegar a los lugares donde se practica esta actividad. Son campos privados y muchas veces los cazadores avanzan en lanchas dentro de los riachos del delta”, indicó.
Además, señaló que la Dirección de Fiscalización provincial dispone apenas de “dos camionetas para recorrer toda la provincia”, lo que, según consideró, hace imposible ejercer un control real sobre la actividad cinegética.
Bonomi también rechazó el argumento legal esgrimido por el Gobierno provincial respecto a que la actividad no puede prohibirse por estar contemplada en la Constitución. “Eso es una falacia absoluta. Nos está mintiendo en la cara”, sostuvo.
El referente ambientalista remarcó que las provincias tienen autonomía para decidir sobre la administración de sus recursos naturales y las actividades permitidas dentro de su territorio. “La potestad para decidir la autorización de la caza y las condiciones en que debe desarrollarse la tiene la provincia. Cualquier provincia puede decidir no autorizar la matanza de fauna autóctona”, expresó.
En ese marco, insistió en que la responsabilidad política de la habilitación recae exclusivamente sobre el Gobierno entrerriano. “La responsabilidad es del Gobierno de Entre Ríos en tomar esta decisión”, afirmó.
Bonomi también se refirió a imágenes viralizadas en redes sociales donde se observan grandes cantidades de aves muertas luego de jornadas de caza. “Hemos visto montañas de patos muertos con la pechuga quitada”, denunció.
Según explicó, muchos cazadores extranjeros consumen únicamente parte de las aves y desechan el resto de los cuerpos. “Solo gustan de comer la pechuga y el resto del cadáver lo tiran”, cuestionó.
